OSP denuncia opacidad en la gestión de las 84 viviendas públicas en San Pedro Alcántara

Mes y medio después del sorteo de 84 viviendas de protección pública, las personas adjudicatarias y suplentes siguen sin conocer el precio definitivo de los inmuebles ni las condiciones económicas reales para acceder a ellos. Así lo ha denunciado OSP, que ha recurrido a la Comisión de Transparencia dela Junta de Andalucía ante la falta de respuesta municipal, tras haber solicitado en varias ocasiones por escrito la información.

Las solicitudes formales para conocer los precios no han sido atendidas con información concreta, sino remitidas a enlaces genéricos ya publicados. Mientras tanto, las familias afectadas no saben si podrán afrontar la compra.

OSP expone que en los primeros anuncios que encontramos en hemeroteca se habló de precios entre 170.000 y 240.000 euros, hoy los precios han cambiado y se habla de 150.000 a 260.000 € cifras que exigirían disponer de entre 55.000 y 80.000 euros para formalizar la operación. "Hay personas que no saben si podrán asumirlo y necesitan esa información ya". Hay informaciones contradictorias, señalaron.

La formación también ha cuestionado la venta del suelo municipal a promotoras privadas, operación que, a su juicio, repercute directamente en el precio final. Estiman que el impacto podría suponer entre 25.000 y 32.000euros adicionales por vivienda. "Si el objetivo es facilitar el acceso, el suelo público debe servir para abaratar, no para encarecer", defiende Manuel Osorio, Portavoz del Grupo Municipal. Además, expone que en la promoción se hayan incluido 400 metros cuadrados destinados a locales comerciales, que podrían haberse transformado en cinco viviendas adicionales en un contexto de elevada demanda y que OSP estará pendiente de cuál será el destino final de esos locales, ante la posibilidad de que los vendan en beneficio del promotor Vimpyca, Entidad Benéfica de Construcción sin ánimo de lucro .

Respecto a anteriores promociones, OSP informa que algunas personas le han manifestado dudas sobre cómo se gestionaron las adjudicaciones finales. La formación exige claridad absoluta en los procedimientos. "Lo único que pedimos es transparencia y que se garantice que se agotan todos los listados conforme a la normativa antes de cualquier otra decisión", señalaron, recordando que más de 3.000 personas optaron a estas viviendas.

Se cuestiona además la gestión de la ayuda anunciada a las personas beneficiarias de 15.000 euros para la entrada, cuya fórmula de aplicación no aparece claramente recogida en las bases de ejecución, por lo que no saben si se aplica al precio de la vivienda o si ese importe es ya habiendo descontado la ayuda. Todo son interrogantes en este procedimiento.

OSP insiste en que la vivienda protegida no puede convertirse en un producto inaccesible ni en una oportunidad reservada a quienes cuentan con mayor respaldo económico. "No es una concesión política, es un derecho que debe gestionarse con rigor", concluyeron.