WWF pide una Directiva Penal ambiciosa que ponga freno a los crímenes ambientales en la UE

En el marco de las negociaciones de la Directiva Penal Ambiental a escala europea, WWF aboga por una legislación efectiva que recoja sanciones ambiciosas y con un nivel de armonización lo suficientemente alto para garantizar que los delitos ambientales se aborden de manera coordinada en todos los países de la UE. En los próximos días, se entra en la recta final de las negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo para acordar el texto final de esta normativa.

Los delitos ambientales son la tercera actividad delictiva más lucrativa a nivel mundial, con un coste anual aproximado de entre 96 y 246 mil millones de euros. Estos delitos graves afectan a la salud y al medio ambiente, debilitando los esfuerzos para combatir las crisis climática y de biodiversidad.

La mayoría de estos delitos en Europa aún no se castigan ni se detectan suficientemente, como muestra el nuevo informe europeo sobre delitos contra la vida silvestre elaborado en el marco del proyecto LIFE "Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe (SWIPE)".

De hecho, pese a su gravedad, muy pocos llegan a ser juzgados, tratándose por la vía administrativa (con una multa, por ejemplo) o quedando sin resolver. Según la investigación, en España solo se produjeron 327 sentencias judiciales a partir de los 4902 casos de crímenes contra la fauna registrados (un 6,67 % de los casos), por lo que el 93 % de los casos no son juzgados.

Con este contexto, en 2008 se adoptó la primera Directiva Europea sobre delitos ambientales, con el objetivo de proporcionar un marco armonizado para abordar y facilitar la cooperación transfronteriza en la lucha contra estos crímenes en la UE. En diciembre de 2021, la Comisión Europea publicó una propuesta de revisión de la Directiva Penal Ambiental que ofrece una mayor seguridad jurídica en la tipificación de los delitos ambientales.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han adoptado sus respectivas posiciones y en los próximos días se entrará en la recta final de las reuniones de los trílogos, es decir de las negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y El Consejo de ministros europeos, en las que se negocian para acordar el texto final. España juega un importante papel, debido a la actual Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, y debe impulsar y facilitar que se llegue a un acuerdo ambicioso. Por ese motivo, el pasado 29 de agosto WWF remitió una carta a la Ministra de Justicia en funciones. El objetivo, pedirle que España siga trabajando para conseguir una Directiva penal ambiciosa para lo que es imprescindible que el texto final incluya elementos clave.

Entre ellos, es fundamental armonizar la ley criminal europea para frenar los crímenes ambientales que no entienden de fronteras. También son necesarias sanciones y multas disuasorias más elevadas, así como permitir a las autoridades competentes que den prioridad a estos casos, contando con los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados.

Asimismo, también es imprescindible establecer unidades especializadas con experiencia y competencia a la hora de tratar casos ambientales, similares a los que existen para combatir otros delitos graves como la corrupción o el blanqueo de dinero.

Por último, se deben desarrollar estrategias nacionales construidas sobre criterios consistentes y comunes, para luchar contra estos crímenes de forma eficiente, coordinada y bien informada. Con las herramientas correctas, la Directiva penal ambiental puede llevar a un cambio positivo para nuestras sociedades y para el medio ambiente.

"Los crímenes contra la vida salvaje no son delitos menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tales", asegura Eva Izquierdo, Wildlife Policy Officer. "Aunque se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años, el alto grado de impunidad que sigue existiendo, y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global nos demuestra que queda mucho por hacer", lamenta.

El proyecto SWiPE, financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea, es una iniciativa de once oficinas nacionales y regionales de WWF, además de otras organizaciones destacadas en la lucha contra los delitos contra la biodiversidad, como FFI (Fauna & Flora Internacional), Traffic y la Academia Judicial y la Oficina de la Abogacía de la República de Croacia.

En el marco del proyecto, que finaliza este año, WWF España ha llevado a cabo importantes acciones, como unas jornadas en Madrid en junio de 2023 que reunieron a más de 120 expertos y representantes de autoridades de más de 20 países para intercambiar experiencias y mejorar la colaboración transfronteriza.