La Guardia Civil ha detenido a siete personas –seis hombres y una mujer-, de entre 28 y 50 años que conformaban una red criminal de explotación laboral de trabajadores en situación irregular en fincas agrícolas de La Rioja. Han sido localizadas al menos 45 personas que trabajaban jornadas enteras sin contrato laboral y en su mayoría vivían hacinados en habitaciones sin ventilación e incluso encerrados con candados en ellas.
A las personas detenidas se les considera presuntos autores de delitos de organización criminal, trata de seres humanos, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.
El entramado criminal explotaba a compatriotas de origen marroquí en situación de vulnerabilidad, a quienes captaban en distintos puntos del país para trabajar en labores agrícolas.
Una vez en La Rioja, los trabajadores eran alojados en condiciones insalubres, hacinados en espacios reducidos sin higiene y apenas ventilación. Durante el registro en una de las viviendas, los guardias civiles localizaron en su interior a 15 personas, algunas de ellas en situación irregular en España. En una de las estancias, cerrada con un candado desde el exterior, hallaron a un matrimonio en una habitación con solo un colchón y una manta en el suelo con un único punto de ventilación, una ventana de 30 a 40 centímetros.

A principios del mes de julio los guardias civiles de Policía Judicial en La Rioja tuvieron conocimiento a través de una denuncia de la posible existencia de esta organización criminal asentada en la Rioja Baja, dedicada a la explotación de trabajadores en situación irregular mediante un entramado de empresas, inmuebles y fincas agrícolas.
Los datos recabados permitieron identificar a tres hombres que habían constituido una red que operaba en La Rioja y extendía sus ramificaciones hasta otras zonas en el sur de España donde captaban mano de obra en situación irregular.
Una vez en la región, eran alojados en viviendas en pésimas condiciones de habitabilidad y trasladados a fincas agrícolas para ser explotados, siempre bajo la vigilancia de personas de confianza del entramado criminal.
Realizaban tareas agrícolas como desbroces, poda o recogida de fruta y verdura. Carecían de contrato laboral y recibían su remuneración en efectivo. En muchos casos no llegaban a cobrar por su trabajo u obtenían pagos simbólicos, como un euro por kilo de piparra recolectado. Además, se les descontaban 150 euros por compartir estancia o 50 euros por una cama.
Esta situación generaba una relación de dependencia total al ofrecerles falsas promesas de tramitar su residencia legal y regularizar su situación en nuestro país.
En la explotación de la operación, de nombre "Landwrt", se desplegaron tres equipos de inspección de fincas, inmuebles y explotaciones vinculadas a los investigados. Durante estas actuaciones se detectó la presencia de al menos 45 trabajadores en situación irregular explotados por la red, muchos de los cuales huyeron campo a través al percatarse de la llegada de los guardias civiles. Además, se comprobó la explotación de tres menores de edad -de 12, 15 y 17 años- que trabajaban en las mismas condiciones que los adultos.
Los agentes han registrado cinco inmuebles y cinco naves industriales donde han sido detenidos los autores. Han sido incautados 22.000 euros efectivo, 2.500 euros en joyas, abundante documentación para su estudio y dos vehículos. Además, se han bloqueado seis cuentas bancarias y suspendida temporalmente la actividad de la empresa.
La investigación ha sido desarrollada por guardias civiles de Policía Judicial de Calahorra, con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil de Arnedo, patrullas de seguridad ciudadana y el grupo cinológico especializado con perros adiestrados en la detección de dinero. Los registros sorpresivos en los inmuebles fueron ejecutados por las USECIC de La Rioja y Navarra.