Un año después de la DANA, España sigue sin estar preparada para salvar vidas frente al cambio climático, advierte Greenpeace

Un año después de la DANA más devastadora de la historia de España, a pesar de algunos avances positivos, el país sigue sin estar preparado para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático. Este es el balance principal de Greenpeace con motivo del primer aniversario de la DANA que asoló parte del este y sur peninsular, mató a 237 personas y provocó daños devastadores.

En cuanto a la adaptación, Greenpeace valora positivamente los avances en la cultura de la prevención, como la inclusión de la educación en emergencias en la enseñanza que se ha comenzado a aplicar este curso 2025-2026, la mejora en el uso y la comunicación a la ciudadanía de los sistemas de alerta temprana, así como la aprobación del Real Decreto de "permisos climáticos" que permite aumentar la protección de las personas trabajadoras ante un evento extremo.

Sin embargo, para no seguir cometiendo los mismos errores, el foco de actuación debe situarse en la gestión del territorio, dada la elevada concentración de población y de infraestructuras básicas en zonas inundables. Greenpeace considera inaceptable cualquier paso atrás en la protección de la ciudadanía frente al riesgo climático, especialmente los retrocesos en materia urbanística, como la Ley de Simplificación Administrativa aprobada por el Gobierno valenciano solo un mes después de la tragedia que permite agilizar los trámites municipales para la construcción en zonas inundables sin informes previos de riesgo.

"Las precipitaciones extremas ya no son episodios excepcionales, sino el reflejo de la actual crisis climática que exige adaptar nuestras ciudades y territorios con urgencia. No podemos permitir que se siga construyendo en zonas de riesgo o que se ignore el papel protector de la naturaleza. Y tampoco podemos permitirnos no aprender después de lecciones tan duras como las que nos dio la DANA", ha señalado Elvira Jiménez, responsable de Adaptación climática de Greenpeace España.

Según un informe reciente de la organización, más de 2,7 millones de personas en España viven en zonas con alto riesgo de inundación y se siguen planificando nuevas construcciones en estos espacios. Greenpeace reclama la obligatoriedad de revisar y adaptar todos los planes generales de ordenación urbana anteriores a 2015 (hasta ahora exentos) para incorporar informes de inundabilidad y mapas de riesgo de inundación vinculantes con el objeto de declarar las zonas inundables como no urbanizables.

La renaturalización de los ecosistemas fluviales y de los entornos urbanos es otro componente esencial en el que aún no se ha avanzado. El papel del humedal de l'Albufera como barrera natural frente al avance de la inundación demostró la necesidad de restaurar ecosistemas y reforzar la protección ambiental como principal línea de defensa ante los eventos meteorológicos extremos. Del mismo modo, aumentar la permeabilidad de los municipios es fundamental para reducir y ralentizar el flujo del agua por calles y barrios, y esto debe ser parte del proceso de reconstrucción.

Greenpeace recuerda que muchos municipios afectados por la DANA no contaban con planes locales de adaptación al cambio climático. Es urgente avanzar en el diseño de planes de adaptación integrados y multisectoriales, que consideren los distintos riesgos a los que se enfrenta un municipio. Para ello se necesitan financiación, herramientas y colaboración entre administraciones, ya que muchos municipios no cuentan con recursos propios suficientes para abordar los cambios necesarios.

Por otro lado, Greenpeace denuncia que la mitigación es la gran asignatura pendiente para hacer frente a la crisis climática. El año pasado, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron sólo un -0,5 % a nivel estatal, muy lejos de la reducción mínima anual del 7 % necesaria durante esta década crítica. Aunque las emisiones se redujeron gracias a la bajada del consumo de gas (-4,2% en 2024 ), debido principalmente al mayor uso de las renovables frente al gas fósil para la producción eléctrica, el consumo de petróleo sigue siendo muy elevado en sectores como el transporte. Estas cifras dejan patente la falta de efectividad de las políticas públicas para acelerar el abandono de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), principales causantes del cambio climático.

La organización exige que las grandes empresas de la industria fósil asuman su responsabilidad en la crisis climática y cambien sus negocios hacia una descarbonización real y rápida. Además, exige que contribuyan mediante nuevos instrumentos fiscales a la reconstrucción ante desastres como la DANA, la adaptación para evitar peores consecuencias futuras y la aceleración de la transición energética y ecológica.

"Mientras las petroleras como Repsol se llenan cada año los bolsillos con beneficios multimillonarios, las personas sufrimos un evento extremo tras otro, como las miles de familias que han sufrido la DANA de hace un año. Esto tiene que cambiar, las vidas humanas tienen que estar por encima de los beneficios privados. Las corporaciones energéticas han de tener planes de descarbonización obligatorios, reales y rápidos. Además, se deben aprobar nuevos impuestos a la industria de los combustibles fósiles para hacer frente a esta emergencia climática" ha declarado Pedro Zorrilla Miras, responsable de la campaña contra el Cambio climático de Greenpeace.

Finalmente, Greenpeace vincula estas demandas con la propuesta del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que debe ser un marco de consenso duradero, transformador amplio y transversal entre todos los agentes sociales, no monopolizado por los partidos políticos, pero sí recogido por la mayoría de ellos, guiado por la ciencia y capaz de trascender los ciclos políticos.

"El cambio climático ya no es una amenaza futura: es una realidad cotidiana. Lo vimos con la DANA de 2024, pero también con las olas de calor o los incendios de este verano. Necesitamos que la industria fósil asuma su responsabilidad y que se impulse un acuerdo de país que priorice la vida y el bienestar de las generaciones presentes y futuras por encima de los intereses cortoplacistas", concluye Jiménez.