San Pedro Alcántara
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La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres y una mujer como responsables de sendos delitos de amenazas y atentado a funcionario público, tras ser considerados los responsables de proferir insultos y amenazas de carácter grave a personal sanitario de diferentes centros médicos de Cartagena, llegando en alguno de los casos a emplear violencia física.
En el primero de los casos, un varón que acudió a una cita con el personal sanitario de psiquiatría de un centro hospitalario, fue detenido unos dias después de haber mostrado un arma de fuego de manera intimidatoria a dos facultativos y una psiquiatra.
En el segundo, un hombre era detenido después de que amenazara de muerte al facultativo de un centro de salud tras ser informado que las lesiones o patologías presentadas no reunían los requisitos legales para ser consideradas como accidente laboral.
En el tercero, un enfermero que había finalizado su jornada laboral, al abandonar su centro médico, fue increpado y amenazado por un paciente con el que se cruzó y que le llegó a seguir de manera intimidante durante unos minutos hasta que pudo perderlo. Al parecer, el autor de los hechos había protagonizado episodios similares anteriores que no habían sido denunciados.
Unos días después se produjo el cuarto incidente, donde el familiar de un paciente hospitalizado, con el objetivo de conseguir que lo cambiaran de hospital, mantenía una conducta irrespetuosa hacia el personal sanitario que lo asistía, llegando a agarrar, zarandear y amenazar de muerte al médico por no acceder a sus demandas.
En el último de los casos, una mujer era detenida tras acudir a un centro médico y demandar mediante gritos y amenazas que fuera atendida en el momento y que se le entregara su medicina, llegando a empujar y morder en un dedo a uno de los miembros de seguridad que intervinieron. Comportamiento irrespetuoso y agresivo que continúo ante los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar.
Es importante recordar que el código penal recoge la agresión física o intimidación grave contra sanitarios en el ejercicio de su función como un delito de atentado contra la autoridad, con penas de prisión, multas económicas y medidas de alejamiento con respecto a las víctimas y a los centros sanitarios de trabajo.
La Policía Nacional cuenta con la figura del interlocutor policial sanitario, en permanente contacto con colectivos sanitarios para el asesoramiento y colaboración necesarias en medidas de autoprotección, estableciéndose un contacto estrecho ante cualquier situación que pueda afectar al personal sanitario de centros médicos y hospitales de la Región de Murcia.
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