La ruta del crimen en Sevilla

Sevilla es una de las ciudades más visitadas de España, pero, como ocurre en todas las grandes urbes, además de su costado más luminoso, cuenta con un lado oscuro que, paradójicamente, está atrayendo cada vez más turismo internacional, personas fascinadas por crímenes terribles donde están involucrados temas como la pasión amorosa no correspondida, la venganza familiar o la simple codicia.

Rafael Mejías Jiménez fue asesinado el 17 de marzo de 1933, a los 15 años por Antonio Fernández Gallego, administrador de su familia y su apoderado en las becerradas donde había competido de niño.

Sin previo aviso, el hombre le disparó al joven mientras le decía: "Me has hecho una mala faena y me la tienes que pagar". Luego se suicidó. Paradójicamente, el arma que usó era del padre de Rafaelito, quien se la había dado para que se sintiera más seguro en su trabajo.

Poco después de ocurrido el hecho, comenzaron a correr rumores de que Mejías pensaba despedir a su administrador porque su hijo le había dicho que no hacía bien su trabajo, esto habría llevado al hombre a tomar su drástica decisión; sin embargo, existe una segunda versión, mucho más oscura y nunca probada, según la cual, en realidad, el asesino quería "profundizar" su vínculo con el joven Rafael, al que había cuidado desde niño, y éste se habría negado a ceder ante sus presuntos avances amorosos, lo que generó la tragedia final.

La familia Mejías, ante los rumores, decidió dejar para siempre la ciudad y se radicó, de manera definitiva, en Madrid.

El hecho ocurrió el 11 de julio de 1952 y las víctimas fueron Encarnación y Matilde Silva Montero, asesinadas en el negocio que manejaban. La brutalidad del hecho sorprendió incluso a la policía, porque los dos cuerpos habían recibido decenas de puñaladas.

Por el crimen fueron detenidos tres delincuentes muy conocidos en el mundo criminal de la época: Juan "El Mellao" Vázquez Pérez, Lorenzo "El Tarta" Castro Bueno y Antonio Pérez Gómez. La Audiencia Territorial de Sevilla los condenó a la pena de muerte y el 4 de abril de 1956 fueron ejecutados por garrote vil, lo que generó grandes protestas populares porque la sospecha era que habían sido torturados por la policía para que se hicieran cargo de las muertes, pero en realidad eran inocentes.

Castro, antes de ser ejecutado, declaró: "No he matado a las estanqueras, pero pago por mi mala vida". Casi veinte años después, el sacerdote que había atendido a los ejecutados recibió una petición de secreto de confesión y el hombre le dijo que había asesinado a las dos mujeres, pero que solo tenía remordimientos por los tres ladrones muertos.

Según el mito popular, tras la Guerra Civil, las hermanas habían delatado a varios "comunistas" que fueron inmediatamente arrestados y fusilados. Un familiar de estas personas habría sido quien, más de dos décadas después, se vengó de las estanqueras dándoles una puñalada por cada balazo que habían recibido sus parientes.

Manuel José M.N., alias el "Cojo", asesinó a Emilio F.B., con quien se dedicaba al menudeo de drogas, disparándole en la cabeza tras bajar del coche donde ambos se dirigían a comprar estupefacientes. Luego limpió el auto y modificó la matrícula para que la policía no pudiera identificarla.

Todo ocurrió el 18 de febrero de 2024, en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa, cuando el victimario acudió con su vehículo a la casa de la víctima, "con quien habitualmente colaboraba, trasladándolo en su vehículo para realizar operaciones relacionadas con las drogas, portes por los que recibía una cantidad de efectivo", según explica la sentencia.

En ese momento, "por razones desconocidas, (Manuel) tenía tomada la decisión de terminar con la vida de la víctima" y "a tal efecto disponía -pese a no tener licencia de armas- de un arma de fuego tipo pistola que había adquirido previamente".

Tras una rápida investigación, el hombre fue detenido y condenado a veinte años de prisión por el asesinato; a dieciocho meses de cárcel por tenencia ilícita de armas; a otros dieciocho meses de cárcel por hurto, y a otros dieciocho meses de prisión por falsedad documental.