Mojones a troche y moche encontramos en la mayoría de las aceras de nuestra ciudad que han nacido como setas por la gestión incompetente de lo público. Bastaba que alguien dijera que le molestaba los coches en las aceras para que corriendo y sin más dilación se instalen los llamados bolardos de hierro de diferentes tamaños y formas, no solo donde estaba el problema sino en los alrededores por “el poya qué”. El coste puede oscilar entre 90€ por unidad hasta los 120€ de “los que tienen forma de setas y esferas que son ilegales” (ver ficha). El precio es sin contar con el coste de la mano de obra para su instalación y su mantenimiento en el tiempo. Multipliquen ustedes y pregúntense si es necesario ese dispendio.
Abordemos a continuación la idoneidad de estos artilugios del diablo que se suelen instalar en la zona de aproximación del paso de peatones en las cercanías del bordillo. Dicho lugar es poco idóneo pues produce obstáculo grave a la circulación peatonal entre otros peligros. Además de ser un obstáculo, “es un elemento de distracción del peatón”, pues justamente antes de cruzar, cuando toda la atención debería estar en mirar el tráfico y tomar la mejor decisión, el peatón tiene que distraerse al concentrar su atención en no tropezar con el maldito bolardo. ¡Ojo!, en el 60% de los atropellos existe una decisión errónea del peatón.
Parte del problema de la no detección y/o levantamiento de actas de inspección de las instalaciones de bolardos ilegales como de tantas otras irregularidades existentes en nuestras calles, la tiene el desconocimiento de la Ley. En el caso de muchos empleados públicos se observa “un desconocimiento persistente de la normativa” en materia de ordenanzas municipales, normas urbanísticas, legislación de tráfico, de transporte y de seguridad vial etc., con poco peso de esas materias en la formación previa y continua a lo largo de la vida profesional.

Da la sensación que ejercer las funciones in vigilando y la posterior gestión administrativa a fin de restablecer en la vía pública el orden urbanístico alterado, no está de moda o quizás no le interesa al político de turno. Esa dejación de funciones de la Administración nos aparta de la verdadera naturaleza y destino de lo que tiene que ser el servicio público. Y podemos aseverar que la falta de diligencia y desapego está motivada por la ignorancia supina en la gestión de lo público. Parece ser que “interesa que además de tener ciudadanos ignorantes, se pretende hacer extensivo ese atributo a los políticos y empleados públicos”.
Aviso a navegantes. Si tropiezan o impactan con su coche en uno de esos “mojones de hierro”, sepan que muchos de ellos incumplen con la legislación vigente. Por tanto, estarán en su derecho en reclamar a su ayuntamiento los daños físicos y materiales que se produzcan. Importante será que aporten con su instancia, fotos del incidente donde se vea claramente donde estaba situado el bolardo, buscarse testigos y si aprecian daños graves “que se persone la policía local, que siempre es una garantía” a fin que levante acta del hecho in situ. Si hacen todos esos pasos, su ayuntamiento tendrá que atender sus reclamaciones. No hay que olvidar y esto va también para los empleados públicos que la instalación de esos elementos físicos debe cumplir con la normativa vigente, tanto la municipal así como con la normativa autonómica de su región de residencia. No dejen de hacerlo, es un derecho constitucional. Si se sienten víctimas, presente su denuncia ante el correspondiente departamento de reclamaciones patrimoniales de su ayuntamiento.