Benalmádena trasladará a la Fiscalía el contrato municipal de zonas verdes, adjudicado en 2022 y anulado por el Tribunal Supremo

El Ayuntamiento de Benalmádena trasladará a la Fiscalía el contrato para el mantenimiento de las zonas verdes del municipio, adjudicado por la anterior corporación socialista en el año 2022 a la UTE formada por las empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal por un importe de 15,1 millones de euros. Dicho contrato, adjudicado en aquel momento gracias al voto de calidad del entonces concejal de Parques y Jardines, el socialista Joaquín Villazón, pese al criterio contrario de los habilitados nacionales, fue anulado recientemente por el Tribunal Supremo.

En concreto, el Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dio la razón a las mercantiles Integra y Talher, quienes presentaron recurso contencioso- administrativo cuando se realizó la adjudicación en el anterior mandato municipal.

Los hechos se remontan a marzo de 2022 cuando la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benalmádena tomó la decisión de adjudicar dicho servicio para el mantenimiento de zonas verdes a las empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal, que participaron en la licitación con el compromiso de constituirse en UTE en el supuesto de resultar adjudicatarias. Se daba la circunstancia de que tras la presentación de las oportunas ofertas se había producido un empate entre siete de las candidaturas. El criterio que se utilizó para desempatar fue computar a los trabajadores con discapacidad de las empresas, estableciendo dicho cómputo en función del porcentaje de participación en la UTE de cada una de las empresas que la componían.

En la mesa de contratación, los habilitados nacionales advirtieron al presidente de la misma y concejal en aquel momento, Joaquín Villazón, que el pliego no recogía expresamente el modo de computar dichos trabajadores, y que teniendo en cuenta que los niveles de participación de las empresas en una UTE puede alterarse sin autorización de la Administración, se entendía más adecuado efectuar el cómputo de trabajadores con discapacidad sin tener en cuenta el porcentaje de participación en la UTE.

El entonces responsable político optó por someter la decisión a votación y utilizar su voto de calidad para hacer el cómputo en función del porcentaje de participación en la UTE, lo que colocó a la empresa FCC como la candidata más aventajada y por tanto beneficiaria del contrato.

Frente a esto, el TSJA concluye en su sentencia que la interpretación "literal o gramatical" del pliego no dice nada sobre ese criterio para efectuar el cómputo. Según señalan los magistrados, éste simplemente "fue un parecer que defendió el presidente de la mesa".

Ante esto, el actual equipo de Gobierno, con Juan Antonio Lara a la cabeza, procedió a anular el contrato con FCC y a realizar una nueva valoración, en la línea de lo marcado por la Justicia, y fruto de la misma resultó adjudicataria la UTE Integra y Talher, que ya está operando en el municipio, pero que ha solicitado al Ayuntamiento de Benalmádena una indemnización de 666.845,77 euros por la parte del contrato que le ha sido imposible ejecutar al haberlo hecho de manera indebida otra contratista. Siguiendo las recomendaciones de los habilitados nacionales, el Ayuntamiento de Benalmádena iniciará los trámites para asumir dicha indemnización.