CEP Málaga reclama el fin de los privilegios en la Comisaría Provincial y exige que la vivienda pseudo-oficial se destine a uso operativo

La Confederación Española de Policía (CEP) en Málaga denuncia la continuidad de un privilegio anacrónico en pleno siglo XXI: la cesión gratuita de la vivienda ubicada en el interior de la Comisaría Provincial de Málaga, actualmente asignada a un comisario de brigada sin coste alguno. Desde esta organización sindical entendemos que mantener beneficios residenciales particulares resulta injusto y genera desigualdad. La realidad de la mayoría de los policías es bien distinta: afrontar, con su propio esfuerzo, alquileres e hipotecas cada vez más elevados. De hecho, son muchos los compañeros que renuncian a ascender por la imposibilidad de costear un traslado de provincia ante los precios del mercado inmobiliario.

Lo más preocupante es que este privilegio no se limita a la cesión de la vivienda en sí, sino que presumiblemente también incluye suministros como luz, agua, internet, garaje u otros gastos asociados, que tampoco serían abonados por el usuario. Ante esta situación, cabe preguntarse si se trata de una prebenda encubierta y, en su caso, si se declara como retribución en especie, tal y como debería ocurrir con cualquier beneficio económico o material ligado al desempeño profesional.

Estas denominadas "casas oficiales" no son exclusivas de Málaga: existen en todas las comisarías, incluso en las locales, lo que refleja un problema generalizado y no un caso aislado. Además, su origen se remonta a decisiones o resoluciones de época franquista, cuando estas viviendas se consideraban necesarias para determinados mandos. Mantener hoy estas prebendas resulta totalmente fuera de lugar en una institución moderna.

En la Comisaría Provincial de Málaga, la decisión del nuevo Jefe de no hacer uso de esta vivienda ha sido aplaudida por este sindicato, ya que supone un paso hacia la eliminación de privilegios. Sin embargo, lejos de destinarse a un uso verdaderamente operativo, el espacio se ha reasignado a otro comisario de otra brigada, lo que perpetúa la desigualdad y la falta de transparencia.

Mientras tanto, la Comisaría Provincial de Málaga sufre una grave falta de espacio operativo, lo que repercute directamente en el servicio policial. Resulta incomprensible que un recurso tan valioso se destine a un uso privado en lugar de transformarse en oficinas, zonas de trabajo o, incluso, en un espacio de descanso y avituallamiento del que actualmente carece el personal.

¿Cómo es posible que el Gobierno no actúe ante esta situación? ¿Por qué se mantiene un privilegio anclado en el pasado, contrario a los principios de igualdad y racionalidad en la gestión pública?

Desde CEP defendemos un principio claro y sencillo: o todos los policías acceden a estas prebendas, o ninguno. Apostamos por un modelo de gestión más justo, transparente y adaptado a las necesidades reales de la plantilla.

Por ello, esta organización sindical anuncia que trasladará el asunto a la Dirección General de la Policía, a los diferentes partidos políticos e, incluso, a la Justicia, con el objetivo de poner fin a una situación que no tiene cabida en una institución moderna, profesional y basada en la igualdad.